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LA DECLARACIÓN DE HEREDEROS TRAS LA ÚLTIMA REFORMA DE LA LEY DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA


La reforma implica importantes novedades.
 
La primera cuestión a destacar es la ampliación de la competencia objetiva notarial.
A los actuales casos de los descendientes, ascendientes y cónyuges, se añaden dos nuevas categorías de herederos ab intestato respecto a los cuales la competencia será notarial: los colaterales y las parejas de hecho (persona con relación de afectividad análoga a la conyugal).
Este último supuesto -el de las parejas de hecho- fue introducido  a través de una enmienda parlamentaria al Proyecto de Ley del Gobierno, lo que contribuye a aclarar esta materia, confirmando lo ya recogido por la ley catalana (art. 442-7 Libro IV Código Civil de Cataluña), y quedando salvado con la norma estatal cualquier posible exceso competencial que se pudiera haber cometido por el legislador autonómico.
 
Tras la publicación de la Ley, solo quedaría fuera de la competencia del notario el caso de la declaración de herederos a favor del Estado u otros Entes Públicos, cuya tramitación pasará a ser administrativa.
 
La segunda cuestión a comentar, por su trascendencia, es la modificación de los criterios de atribución de competencial territorial del notario.
 
Las declaraciones de herederos son, y seguirán siendo tras la reforma, uno de los supuestos en que se excepciona la regla general de libre elección de notario por el otorgante. Hasta ahora la cuestión está regulada por el Reglamento Notarial, que prevé diversos criterios de competencia territorial, aplicables jerárquicamente.
"A los actuales casos de los descendientes, ascendientes y cónyuges, se añaden dos nuevas categorías de herederos ab intestato respecto a los cuales la competencia será notarial: los colaterales y las parejas de hecho (persona con relación de afectividad análoga a la conyugal)"
La modificación legal amplía los puntos de conexión territorial y los convierte en alternativos a elección del requirente.
 
Estos criterios serán: el último domicilio o residencia habitual del causante; el lugar de su fallecimiento; donde se encuentre la mayor parte de su patrimonio (en todos los casos, en España); cualquier notario de un distrito colindante a cualquiera de los anteriores. Todos ellos a elección del requirente y sin orden jerárquico.
"La modificación legal amplía los puntos de conexión territorial y los convierte en alternativos a elección del requirente"
Se añade a los anteriores un criterio de cierre subsidiario: el del domicilio del requirente. Solo será aplicable cuando ninguno de los previamente señalados remita a la competencia de un notario español, lo que no resultará siempre de fácil conciliación con la competencia internacional del notario en la materia, que es cuestión previa a resolver, pues no parece, a mi juicio, que este criterio subsidiario. por sí mismo, deba atribuir competencia al notario en sucesiones internacionales.
 
"Respecto a la prueba a practicar, será básicamente, como hasta ahora, de carácter documental y testifical"
 
Se sigue exigiendo la aseveración de certeza del requirente, aunque no estén claras las consecuencias que pueda tener la falta de veracidad en esa aseveración.
Respecto a la prueba a practicar, será básicamente, como hasta ahora, de carácter documental y testifical.
"Una de las cuestiones que pueden resultar de más dudosa interpretación, a mi juicio, tanto por el margen de decisión que implica para el notario como por la cierta imprecisión de la redacción legal, es la intervención que pueda o deba darse en el procedimiento a otros interesados distintos del requirente"
En cuanto a la documental, se exige presentar con el requerimiento la documentación que justifique el parentesco con el fallecido de las personas designadas como herederos, así como de la identidad y domicilio del causante, novedad esta última que puede ocasionar dificultades prácticas en algún caso, así como información del registro civil sobre su fallecimiento y del RGAUV sobre la inexistencia de testamento. Esto debe completarse con lo previsto en el Reglamento Notarial, que seguirá siendo supletoriamente aplicable en cuanto no se oponga a la Ley, y al que se estará, por ejemplo, respecto a la cuestión de remisión del parte reglamentario, cuestión a la que la Ley no alude directamente.
 
Respecto a la prueba testifical, se exige, como hasta ahora, que declaren en el acta como mínimo dos testigos, quienes podrán ser parientes del fallecido, siempre que no tengan interés directo en el asunto, como ya dispone actualmente el Reglamento Notarial, referencia ésta que incluirá claramente a aquéllos a quienes se designa herederos en el requerimiento, pero, fuera de este caso, no será de fácil determinación.
 
Una de las cuestiones que pueden resultar de más dudosa interpretación, a mi juicio, tanto por el margen de decisión que implica para el notario como por la cierta imprecisión de la redacción legal, es la intervención que pueda o deba darse en el procedimiento a otros interesados distintos del requirente.
 Dependerá, por lo tanto, del caso concreto y del criterio del notario decidir quiénes son estos interesados a los que se debe notificar el expediente. Podrán ser supuestos como el de personas a las que, hallándose inicialmente llamadas a la sucesión, se pretenda negar sus derechos hereditarios ab intestato (por ejemplo, una causa de indignidad alegada por el requirente y apreciable por el notario o por la separación de hecho de los cónyuges) o, incluso, potenciales herederos no determinados o conocidos, pero respecto de los cuales exista alguna base para presumir su posible existencia y perjuicio.
 
Para terminar, se prevé tanto que la declaración de herederos termine con un juicio de notoriedad favorable como desfavorable, con la posibilidad de reserva de acciones judiciales a los posibles interesados a quienes no se hayan reconocido derechos, y, en el caso de que, a juicio del notario, no exista ninguna persona con derecho a ser heredera, que el notario lo comunique a la Dirección General de Economía y Hacienda, quien podrá dar a su vez traslado a la administración autonómica competente, cuando la declaración no corresponda a la Administración General del Estado.